Vivimos en España tiempos de proliferación de leyes y disposiciones legales varias, con diecisiete cámaras autonómicas con poder legislativo y diecisiete gobiernos con capacidad normativa, más las Cortes Generales y el Gobierno de la nación, dedicados todos a ello. A la complejidad derivada de esta realidad hay que sumar el que estas instituciones actúan como si estuvieran presionadas por defender sus competencias con muchas leyes y normas que dejen claro hasta donde llega su parcela y empieza la del vecino.
Uno de los problemas de esta realidad, aparte del propio conflicto generalizado competencial, es que se aprueban disposiciones, en muchos casos innecesarias, en ocasiones poco pensadas por las prisas, algunas veces difícilmente cumplibles y bastantes, incumplidas. Un conocido jurista dijo hace no mucho que España sigue funcionando porque muchas leyes y disposiciones no se respetan ni se cumplen. No está mal la cínica ocurrencia si no fuera porque un Estado que no hace cumplir la Ley no es un Estado de Derecho.
Viene todo esto a cuento de la regulación española sobre el juego y, más concretamente, sobre las apuestas hípicas. Ya por el Decreto de 27 de junio de 1957, modificado en 1982 por el lanzamiento de la Quiniela Hípica y en 1984, relativo a la conservación del hipódromo de Madrid, se autorizaron las apuestas hípicas externas de ámbito nacional (las viejas Triple Gemela y Quíntuple), reconociéndose por el Estado el hecho de que los hipódromos precisan para su continuidad, de ingresos provenientes de dichas apuestas externas. Esto fue una pica en Flandes ya que hay que recordar que España, que era prohibicionista en cuestiones de Juego desde la dictadura de Primo de Rivera, no despenalizó el azar hasta 1977.
Asumidas las competencias sobre Juego por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía, el último gobierno de Rodriguez Zapatero, poco antes de convocar las elecciones generales de 2011, aprobó a toda prisa una Ley de Regulación del Juego (LRJ) que, sin exagerar, era nefasta para los hipódromos españoles y para la industria de las carreras. Ni contemplaba el que los operadores de apuestas hípicas contribuyesesn al sostenimiento de los hipódromos; ni permitía fondos comunes entre hipódromos o de éstos con los operadores de ámbito nacional; ni masa común con el extranjero. Además, establecía unos tipos impositivos disuasorios por desproporcionados. Probablemente, los representantes del sector en aquel momento no fueros capaces de exponer adecuadamente a los legisladores sus necesidades estratégicas o no tuvieron respaldo suficiente. El caso es que el marco resultante de la LRJ hubiera llevado a los hipódromos al cierre si no hubiera sido por el apoyo sostenido y la mentalidad de largo plazao de Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
Afortunadamente, el nuevo Gobierno subsanó la LRJ introduciendo, con la Ley de Presupuestos del año siguiente, dos disposiciones esenciales: la obligación de que se reglamente un retorno del juego externo a favor de las sociedades organizadoras de carreras de caballos y la de permitir operar en masa común a los hipódromos con los operadores estatales, tanto online como offline. No era todo lo que necesitábamos, pero era un buen comienzo.
Luego ha venido lo de la casa del pobre. Cuatro años después de la LRJ, los hipódromos seguimos viviendo en el tiempo pasado o incluso peor, ya que ninguna de las dos disposiciones ha sido desarrollada reglamentariamente aún, incumpléndo los poderes públicos con ello, lo que manda la Ley. Mientras tanto, otras opciones de apuestas hípicas que no aportan nada a la industria de base, van atrayendo jugadores sin que los organizadores de carreras obtengamos los frutos de nuestras inversiones, a los cuales tenemos derecho.
PIRÁMIDE DE MASLOW DE LOS HIPÓDROMOS ESPAÑOLES EN 2016
El incumplimiento de la Ley del Juego genera una situación de injusticia que, aprovechando el impulso político de la nueva legislatura, es imprescindible corregir. Además, estoy convencido de que va a ser así y lo va a ser a corto plazo. Con ello, aunque no será fácil, empezaríamos a recuperar, con la ayuda de SELAE y su licencia singular, el terreno que llevamos perdido desde 2011 y entonces será posible mirar al fututo del sector de las carreras con cierta calma.
Durante los últimos años hemos escuchado a la mayoría de nuestros representantes políticos repetir, en relación con cierta crisis institucional, que “las leyes son para cumplirse”. Pues eso, si las leyes son para cumplirse, cumplamos la Ley. Todos.
Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos en España
(Marzo 2017)