Nuestro artículo para la edición del año pasado del Anuario del Turf se titulaba “QUE SE CUMPLA LA LEY”.
El catorce de febrero de 2018, San Valentín, el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Cultura y Deporte, y a proposición del grupo parlamentario de Ciudadanos, instó al Gobierno a Desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011 del Juego (la disposición que señala que debe haber un retorno desde los ingresos generados por las apuestas hípicas hacia los organizadores de las carreras y la industria que las produce) “para que …se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos reguladores y sociedades organizadoras de carreras de caballos y la industria productiva de este sector, que en los países de nuestro entorno…es productor de riqueza y empleo”. Curiosamente, en la defensa de la proposición, el portavoz de Ciudadanos empezó diciendo:
-Esta es una Proposición no de Ley en la que instamos al Gobierno a que cumpla la Ley.
Y terminó, remachando:
-Parece de sentido común que el Gobierno cumpla la Ley.
La proposición fue aprobada con el respaldo de los grupos de Ciudadanos, Socialista y Unidos Podemos y el único voto en contra del grupo Popular. Veremos cómo de pírrica es esta victoria, ya que las proposiciones no de ley, aunque sean aprobadas, no tienen carácter vinculante y pueden ser rechazadas por el Gobierno, cuyo compromiso con nuestra industria no es discutible, pero que, al parecer, tiene voluntad de regular el retorno en una nueva ley del Deporte.
Cuesta entender que, seis años después de la publicación de la Ley del Juego y pese al mandato legal, nuestros representantes políticos no se pongan de acuerdo y la actividad industrial de las carreras de caballos siga con la puerta cerrada a una fuente de financiación que existe en todos los países, que es esencial y que es de justicia.
Por otra parte, y por fin, el pasado veintitrés de enero, la Dirección General de Ordenación del Juego abrió un periodo de consulta previa para el desarrollo, mediante Real Decreto, de los fondos comunes entre los hipódromos, por una parte, y operadores de ámbito nacional por otra, asunto también previsto en la Ley de Juego de 2011, en su disposición adicional séptima, e impulsado desde el principio por nuestra asociación. Este era un extremo esencial para que un operador nacional pueda empezar a plantearse sacar al mercado la inapropiadamente conocida como “apuesta externa”.
La siguiente puerta para la que, en el momento de escribir este artículo, podría estar a punto de aparecer la llave, por visualizar el proceso como una gymkhana en la que hay que buscar llaves para ir abriendo una puerta tras otra (lo cual es bastante preciso), es la modificación de la Ley del Juego de manera que se reduzca el coste fiscal de los operadores de apuestas hípicas mutuas. Hemos escrito bastante argumentando lo ineludible de ese paso para que siga habiendo caballos de carreras. Pues bien, La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que el Gobierno del Partido Popular presentará al Parlamento en el mes de abril, contempla una fiscalidad del 20% de los ingresos netos (house winning) para la casi totalidad de modalidades de juegos y apestas, lo cual, pese a no ser el 15% que habíamos solicitado, implica una reducción del 60% sobre el coste efectivo anterior (15% sobre cantidades jugadas) y, además, pone en plano de igualdad a las apuestas hípicas mutuas con las de contrapartida, que era otra de nuestras reivindicaciones históricas. Este avance es esencial ya que el modelo vigente hasta hoy conlleva un coste que hace irrentable para los posibles operadores la comercialización de las apuestas que el sector necesita, las mutuas en fondo común. Abrir esta cerradura depende ahora, “exclusivamente”, de que el Gobierno consiga suficiente respaldo en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales de 2018.
Otra puerta, y para esta debería ser un trámite sencillo encontrar la llave, es la que encierra el que se permita, por parte del Ministerio de Hacienda, la masa común con operadores extranjeros (PMU, por ejemplo). Esta dificultad ya ha sido superada por otras modalidades de juego, como el póquer (y, naturalmente, el Euromillones) y desde la Asociación de Hipódromos venimos argumentando repetidamente ante los poderes públicos, la discriminación de que somos víctimas.
En otro orden de cosas, y para entrar en todo, recientemente se han superado las reticencias jurídicas que impedían el que en un hipódromo se pudiera apostar, en fondo común, sobre las carreras celebradas en otro. Se trata de la operativa conocida por los aficionados como “simulcasting”. Distintas interpretaciones derivadas de la intrincada administración española del juego, a causa de la transferencia de las competencias sobre la materia a las comunidades autónomas, habían frenado hasta ahora la recuperación de esta actividad que tuvo cierta popularidad entre los aficionados a las carreras hace años. Ya clarificado el panorama, los hipódromos españoles están trabajando conjuntamente en una doble vía: por un lado, para que los desarrollos tecnológicos necesarios, una vez homologados por las distintas autoridades autonómicas sobre juego, permitan la recuperación de esta práctica, y por otro, para unificar los respectivos reglamentos en temas tales como los caballos en cuadra o las bases de tributación.
Finalmente, 2017 ha sido un año en el que las cantidades apostadas a carreras de caballos han aumentado significativamente en España en todos los canales: un 17% en plataformas online, un 5% en tiendas de calle (básicamente, salones de juego, despachos y locales de apuestas) y un 10% en las cifras apostadas por el público asistente a las propias carreras. Es de esperar que esta tendencia se mantenga, lo cual hace más urgente aún el encontrar, como en la canción infantil, las llaves que abren las puertas de la sostenibilidad del sector.
Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos en España.
(Abril 2018)
